El diputado Alberto Rodríguez pregunta al Gobierno por su compromiso en términos de plazos y presupuestos porque el retraso –de tres décadas ya- “supone un flaco favor para la recuperación del ecosistema marino y para la sostenibilidad biológica y económica del sector pesquero”
El diputado de Unidos Podemos por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, ha llevado la situación de las reservas marinas de Anaga y Teno en Tenerife, y de La Gomera, al Congreso de los Diputados, donde exige una respuesta por parte del Gobierno respecto a, por un lado, si va a impulsar de forma definitiva dichas propuestas y, en caso afirmativo, cuáles son los plazos y el compromiso presupuestario para llevarlo a cabo.
Y es que, tal y como recuerda Rodríguez, tanto las administraciones canarias como distintos sectores de la sociedad civil se han manifestado a favor de sacar adelante estas reservas, y están hace tiempo a la espera de ser atendidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. “Lo cierto es que, estas propuestas que fueron desarrolladas después de muchas negociaciones y de contar tanto con el sector pesquero profesional como con el recreativo y las organizaciones ambientalistas, siguen esperando a ser atendidas casi tres décadas después de la formulación de las primeras ideas”, explica el diputado que también espera que “con su declaración se asegure la financiación necesaria para no ser simples reservas de papel”, en referencia a la importancia de que estas figuras de protección dispongan de los recursos necesarios para vigilancia y seguimiento.
Todos los estudios realizados al respecto llevan a priorizar en Tenerife las de Teno y Anaga; ésta última –por la organización del sistema de vientos y corrientes y otros aspectos técnicos- funcionaría como un ‘semillero’ para los sectores del litoral situados hacia el este y el norte de la isla, mientras que la de Teno tendría un efecto equivalente para toda la banda suroeste.
La Gomera también espera su reserva, siendo una demanda de los pescadores de la isla, que se extendería desde Valle Gran Rey hasta Hermigua, pasando por Agulo y Vallehermoso, lo que supondría 20.500 hectáreas.
“El retraso de la puesta en marcha supone un flaco favor tanto para la recuperación del ecosistema marino como para la sostenibilidad biológica y económica del sector pesquero profesional”, denuncia el diputado de Unidos Podemos, quien insiste en que las evidencias contrastadas en zonas que gozan de algún tipo de protección prueban que la recuperación ecológica es rápida y eficiente, beneficiando tanto al ecosistema como a la economía del sector, y generando una oportunidad de creación de empleo nada despreciable en los territorios cercanos.
