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Audiencia de Cuentas de Canarias fiscaliza evolución de la gestión de las ayudas concedidas como Prestación Canaria a la Inserción entre 2014 y 2015

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El órgano de control externo recomienda dotar de más medios administrativos a las instituciones competentes en la tramitación de los expedientes

 

El análisis de los datos indica que el perfil mayoritario del preceptor de estas ayudas corresponde al de una mujer de entre 25-54 años, que encabeza una familia monoparental y con estudios básicos

 

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha elaborado un informe de fiscalización en el que se analiza el procedimiento de gestión de las ayudas concedidas en el marco de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) durante el periodo 2014 y 2015, con el fin de detectar posibles debilidades, proponer medidas correctoras y comprobar el estado de aplicación de las recomendaciones formuladas por la Audiencia de Cuentas en su Informe sobre la gestión de esta misma prestación en el período 2011-2013.

 

El informe incluye un total de 17 conclusiones relacionadas con el perfil del principal preceptor de este tipo de ayudas, el procedimiento que se ejecuta para su concesión, la coordinación de los recursos y la partida presupuestaria anual con la que se dotó a este instrumento.

 

En cuanto a las recomendaciones, el órgano de control hace mención a otros 11 puntos donde, entre otros, propone que se definan los objetivos y un sistema de indicadores de gestión que permita valorar los logros alcanzados por esta prestación desde una perspectiva de economía, eficacia y eficiencia; que se valore la posibilidad legal de reactivar el derecho a recibir la ayuda en algunos casos; dar mayor estabilidad a las plantillas municipales gestoras de la PCI, por lo que se recomienda que la aportación autonómica se transfiera a los ayuntamientos al principio de cada ejercicio; y reservar un porcentaje de los planes de empleo impulsados por las distintas Administraciones para perceptores de la PCI.

 

Asimismo, la ACC aconseja que la nueva aplicación informática para la gestión de la PCI permita un seguimiento, un control, un módulo de estadísticas para la evaluación de la pobreza y un sistema de alertas cuando se aproxime la finalización de los plazos de tramitación.

 

Por otro lado, con el fin de instaurar la simplificación administrativa y superar las dificultades de transmisión de información entre administraciones, sería conveniente que la totalidad de los ayuntamientos estuvieran adheridos al convenio de colaboración firmado por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. En este sentido, la ACC propone dotar de más efectivos a la plantilla de la administración autonómica gestora de la PCI y revisar su modelo organizativo, con el objetivo de compensar las cargas de trabajo.

 

Igualmente, desde la Audiencia de Cuentas se insta a que se ultime el catálogo de servicios, con el fin de diseñar un programa a medida del perceptor, donde las acciones dirigidas a su empleabilidad ocupen un papel principal.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la crisis financiera ha tenido un reflejo directo en el desempleo, incrementando los índices de pobreza en el Archipiélago y situándolos entre los más altos del país. Las familias que se acogieron en 2014 a la PCI ascendieron a 7.024 y en 2015 a 12.136, lo que supone un incremento del 206,9% respecto a 2013, donde fueron 5.866. También el presupuesto destinado a estas ayudas sufrió un aumento, pasando de 17,7 millones de euros a 26,5 millones en 2014 y 39,5 millones en 2015, logrando atender todas las solicitudes de PCI.

 

El perfil más generalizado del perceptor de la PCI es el de una mujer de entre 25 y 54 años al frente de una familia monoparental y con estudios básicos. No obstante, la actual situación económica ha propiciado la aparición de un nuevo perfil de perceptores, personas que han perdido su empleo, han agotado todas las prestaciones y demandan reinserción laboral, es decir, desempleados de larga duración.

 

Canarias es la tercera Comunidad Autónoma en cuanto al máximo de cuantía para este tipo de prestación, solo superada por País Vasco y Navarra, comunidades con mayores niveles de renta. El importe medio de la ayuda de PCI fue de 583,40 €, importe que se sitúa en el rango de tres miembros de una unidad de convivencia.

 

Dada la naturaleza de la ayuda económica de la PCI, cuyo objetivo es dar cobertura a las necesidades básicas, la ACC considera prioritaria una acción coordinada de las Administraciones y otros agentes sociales, por lo que se recomienda un estudio conjunto de los órganos creados por la Administración autonómica con esta finalidad, para valorar sus funciones y la materia asignada, de manera que contribuyan a garantizar el éxito de la política de integración social.

 

Del mismo modo, apuesta por simplificar el procedimiento sancionador, de manera que sea factible su aplicación en la práctica, salvaguardando las garantías que deban operar respecto a los perceptores.​



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