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La Fiscalía: ‘Luis el Cabrón’ es Bárcenas y parte de...

La Fiscalía Anticorrupción ha asegurado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por los primeros años de la trama Gürtel (1999-2005) que el apunte que aparece en la contabilidad 'B' de las empresas de Correa co...

La juez Lamela pide un informe de llamadas telefónicas de Trapero,...

La juez Carmen Lamela ha pedido hoy un informe de las llamadas entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre de los investigados por sedición Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra, la intendente de este cuerpo Teresa Laplana y el presidente de ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium, Jordi Cuixart, ambos en prisión desde el lunes.

En su petición a la Guardia Civil para conocer ese tráfico de llamadas y que ha sido notificada en un auto, la juez de la Audiencia Nacional pide que se identifiquen los números de teléfono de los cuatro investigados y que se solicite a las compañías telefónicas el listado de llamadas y de mensajes de texto emitidos también esos días, entre el 15 de septiembre y 2 de octubre.

La juez quiere conocer con qué personas y si entre ellos mismos se efectuaron comunicaciones esos días, así como el tiempo que se prolongaron y otros datos de interés relevantes para la investigación, han informado fuentes jurídicas.

Se trata de unas diligencias que la instructora de la causa acuerda cuatro días después de tomar declaración, por segunda vez, a los cuatro investigados por los incidentes que tuvieron lugar el 20 y 21 de septiembre durante las detenciones y registros efectuados en la Consejería de Economía contra los miembros del Govern implicados en la organización de la consulta.

MALERSTAR ENTRE LOS MOSSOS

Agentes de los Mossos d'Esquadra han mostrado su malestar por entender que algunos mandos han dejado de asumir toda la responsabilidad de las instrucciones transmitida en las actuaciones del referéndum del 1 de octubre que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó impedir, han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo autonómico.

La preocupación va en aumento en los últimos días ante la investigación por sedición en la Audiencia Nacional y las noticias de que la Guardia Civil se está personando desde esta semana por orden judicial en el servicio de emergencias 112 de Reus, en la comisaría de Lleida o, este mismo viernes, en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) que ya fue registrado en las horas previas al 1-O.

La Guardia Civil ha intensificado en las últimas horas sus diligencias para recabar pruebas sobre las llamadas telefónicas realizadas por radio y también las que llevaron a cabo mandos y agentes de los Mossos. Las pruebas se enmarcan en las investigaciones abiertas, entre otros, en el juzgado de instrucción número 4 de Lleida. Su titular investiga la supuesta inacción de la policía autonómica durante el 1-O, según ha informado el TSJC en un comunicado.

Los mossos están preocupados por lo que interpretan como un cambio en las promesas transmitidas por sus mandos antes del 1-O. Entonces, aseguran, les dijeron que la cúpula policial asumiría toda la responsabilidad de las actuaciones. En las últimas fechas, sin embargo, se quejan de que algunos mandos han empezado a transmitirles un mensaje diferente: que cada agente debe asumir su responsabilidad ante lo que hizo o dejó de hacer ese domingo.

Fuentes sindicales de los Mossos consultadas por Europa Press han señalado que muchos de sus afiliados están preocupados tras el atestado de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional en el marco de la causa por un presunto delito de sedición en la que se investiga al mayor Josep Lluis Trapero. Es por esta investigación por la que se encuentran en prisión los líderes de ANC, Jordi Sánchez, y de Êmnium, Jordi Cuixart.

El pasado 18 de octubre, a propuesta de la Fiscalía, la magistrada de la Audiencia Nacional ordenó a los Mossos que identifiquen a los agentes que intervinieron en el dispositivo del 1-O. En concreto, reclamaba el número profesional de los agentes que se desplegaron, así como el detalle de sus actuaciones. Ese mismo día, la Jefatura de los Mossos d'Esquadra pidió a todos los participantes del dispositivo de seguridad durante el 1-O que elaboren "de forma urgente y a la mayor brevedad posible" un informe donde detallen escrupulosamente todas las acciones que realizaron ese día. En una circular interna, solicitaban a través de los jefes de turno que los agentes detallen todas sus actuaciones en el punto de votación en el que estuvieron destinados. Este informe breve, precisaban, no es para entregar directamente a la autoridad judicial, sino para confeccionar un informe general de todo lo sucedido.

LA APERTURA DE CURSO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE CATALUÑA

El Institut de Seguretat Pública de Cataluña (ISPC), donde están las escuelas de Mossos d'Esquadra y Bomberos de la Generalitat, han realizado este viernes el acto oficial de apertura del curso académico 2017-18 con ausencia de autoridades representantes de judicatura, Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército.

Finalmente ha excusado su presencia el conseller de Interior, Joaquim Forn, y ha presidido el acto el director de los Mossos, Pere Soler, y la directora del ISPC, Annabel Marcos, justo un día después de que la Fiscalía de Barcelona decidiera romper relaciones con el instituto y dejar de dar clases y participar en conferencias debido a la situación política y el papel de los Mossos en el 1-O.

Al acto no han acudido ni representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ni de la Fiscalía Superior o de Barcelona, y tampoco ningún representante de la Guardia Civil, de la Policía Nacional ni del Ejército.

Trapero ha sido ovacionado durante el acto por los asistentes, que le han aplaudido de pie unos minutos cuando la exdirectora del ISPC Núria Aymerich le ha dedicado una de las distinciones a él y a los Mossos "como signo de admiración por su voluntad de servicio, compromiso y lo que representan".

González y su hermano inculpan a De Miguel en mordidas en...

Ignacio González y su hermano Pablo hablaron del pago de comisiones en las obras del Teatro de Canal de Isabel II en una conversación telefónica en manos de la Audiencia Nacional. En ella incriminan al ex gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 Ildefonso de Miguel.

El juez Velasco se lo hizo saber durante su declaración el pasado mes de abril.

El coste de los teatros pasó de los 49,9 millones iniciales a los 76 y terminó cuatro años más tarde de lo previsto. De Miguel fue el hombre de confianza de González al frente del Canal II. Durante su declaración en la Audiencia, el juez le leyó el contenido de esa conversación hermanos González. Escúcheme, le voy a leer: "Ildefonso tenía un proveedor que era catalán y ya cogí yo y me cabreé y le dije mira tío tú se lo está comprando a este fulano tú se lo estás comprando y este tío es el que te paga la comisión, así que no me toques..."

En la actualidad de Miguel se encuentra en libertad bajo fianza.

Ignacio González no llevaba dinero en las bolsas de Colombia, según...

El abogado, exasesor de Ignacio González y exmiembro del Consejo de Administración de Canal Extensia, Javier Soler, ha dicho hoy que en las bolsas que portaba el expresidente madrileño en un viaje en Colombia en 2008 no había dinero, sino "una toalla, una gorrita, una botellita de agua y una crema".

Los cuatro exdirectivos de Canal de Isabel II llamados hoy a comparecer en la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid en una nueva sesión para abordar la relación del esta empresa pública con el caso Lezo y la compra de empresas sudamericanas se han negado a declarar. Además de Soler, han comparecido el exmiembro del Consejo de Administración de Canal Extensia Avelino Martínez Ferrero; la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, y el ex director general Adrián Martín.

Soler, que ha intervenido en segundo lugar, se ha negado a declarar "en esta santa casa" -en referencia a la Asamblea de Madrid-, ya que ha asegurado que ha colaborado con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional.

"No deseo, en esta santa casa, colaborar más, porque no tengo nada más que añadir", ha afirmado ante las preguntas de los diputados.

A pesar de haber sostenido que no iba a hablar, ante las preguntas de la diputada de Podemos María Espinosa, ha negado que en las bolsas de plástico que portaba expresidente Ignacio González en su viaje en Colombia llevara dinero, sino "una toalla, una gorrita, una botellita de agua y una crema".

El primero en comparecer ha sido Avelino Martínez, quien ha asegurado que se acogía al derecho de no responder, ya que, al ser investigado por la Audiencia Nacional, tiene "el derecho y obligación a no declarar". Además, ha añadido que el requerimiento para comparecer en la Asamblea de Madrid no está dirigido a su persona, sino a "un tal Avelino Fernández Ferrero" y ha afirmado que se trata de una "sorprendente imprecisión", junto a "muchas otras". Asimismo, ha reconocido que los gastos de los procesos judiciales están siendo pagados por el propio Canal de Isabel II.

Igualmente, el tercer interviniente, el director gerente de Canal Isabel II y presidente del Consejo de Administración de Canal Extensia, hasta 2016, Adrián Martín López de Huertas, se ha acogido al derecho de no declarar y ha mostrado "sus respetos" a esta comisión.

María Fernanda Richmond, por su parte, también ha guardado silencio durante la comisión de investigación ateniéndose al "derecho constitucional" de no hablar. Richmond como Martín ingresó en prisión provisional y quedó en libertad el pasado mes de julio después de que el nuevo juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, le rebajara a 100.000 euros la fianza de 4 millones que le impuso el anterior instructor, Eloy Velasco.

Todos los grupos parlamentario han coincidido en que otras personas "con la misma condición de investigado" han podido declarar en la comisión y, por tanto, su argumento "es incierto", ya que el secreto de sumario de Audiencia Nacional "no es incompatible" con hablar en la Asamblea de Madrid.

La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Moral Santín y del...

La Audiencia Nacional ha confirmado los procesamientos del exconsejero de Bankia José Antonio Moral Santín y del socio de Deloitte Francisco Celma, encargado de la auditoría externa de las cuentas de la entidad, por su responsabilidad en las presuntas irregularidades de la salida a bolsa de la entidad. En dos autos conocidos hoy, la sección tercera de la sala de lo Penal desestima los recursos de apelación interpuestos por ambos contra el auto del juez instructor Fernando Andreu, que el pasado mayo decretó el fin de las pesquisas y propuso juzgar a una treintena de antiguos altos cargos de Bankia, incluido su expresidente Rodrigo Rato.

En su recurso, Celma explicaba que su papel de auditor "es tan fiscalizador externo de la actuación de los administradores en su función de formulación de las cuentas como el propio Banco de España", organismo exento de responsabilidad, "con el plus añadido de que éste tenía a la entidad sometida a un seguimiento continuado, con presencia y control".

Motivos por los que estimaba que, de apartarse del caso a los funcionarios del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este mismo razonamiento habría de ser aplicable al auditor, pues éste "sólo acudía a la entidad con su equipo durante el lapso de tiempo estrictamente necesario para efectuar el informe".

Ahora la sala asegura que estos motivos "no pueden prosperar" y remite al auto del juez Andreu, que señaló a Celma por ser quien "analizó, verificó y dictaminó la corrección y la veracidad de las cuentas, que se presentaron en el folleto de la salida a bolsa", actuaciones sin las cuales "las autoridades reguladoras y supervisoras no hubieran permitido" que Bankia operara en el parqué.

Sobre el recurso de Moral Santín, éste no rechazaba "ni que haya indicios ni la realización de los hechos que se le imputan", sino que alegaba que no era suficiente para sostener la acusación. También indicaba que nunca hubo dolo, sino "confianza en la bondad de cuanto se aprobaba en los consejos de administración", aparte del hecho de que desconocía absolutamente los hechos anteriores a su entrada como consejero.

Sobre este punto, los jueces señalan que es un argumento "escasamente atendible", dadas las responsabilidades que ostentaba Moral Santín antes de incorporarse al consejo.

No sólo fue miembro de los consejos de administración de BFA y Bankia, sino también, previamente, "miembro relevante" del consejo de Caja Madrid.

La sala considera que los informes periciales aportados por los inspectores del Banco de España Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets "ratifican, concretan y mantienen" las conclusiones iniciales sobre la participación de Moral Santín en los hechos que se le imputan.

La "altísima cualificación profesional y técnica" de Moral Santín, prosigue el auto, le impide alegar ignorancia y ausencia de dolo en relación con la falsedad de las cuentas, los estados financieros y la información contenida en el folleto de emisión de la salida a bolsa.

Los afectados de Afinsa cumplen 12 días de protesta acampados

Este lunes sigue en la Audiencia Nacional el juicio de Forum y Afinsa. Los afectados cumplen doce días de huelga de hambre acampados en la puerta del Reina y Sofia. Advierten que no están dispuestos a abandonar la protesta hasta que el gobierno reconozca que fueron víctimas de un fraude.

Detenida una persona en Lleida por su presunta relación con el...

La Guardia Civil ha detenido este martes en Lleida a un hombre de 25 años, de nacionalidad paquistaní y residente en España, acusado de autoadoctrinamiento yihadista.

Según ha informado la Guardia Civil, el detenido formaba parte de un grupo de individuos, todos ellos de nacionalidad paquistaní, que fue parcialmente desmantelado el pasado mes de junio, cuando se detuvo también en Lleida a tres hermanos del presunto yihadistas.

Esta operación se ha realizado bajo la supervisión del Juzgado Central Instrucción Número 1 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En esa operación, las autoridades se han incautado de varios soportes informáticos con abundante contenido yihadista. Del análisis de este material, la Guardia Civil estableció una clara relación entre de detenido y sus hermanos, que actualmente se encuentran en prisión.

Se cree que todos ellos conformaban un único grupo, de ideología extremadamente radical, con la clara intención de difundir el ideario yihadista, principalmente a través de redes sociales.

La excúpula de Fórum Filatélico se sienta en el banquillo once...

Once años después de la intervención judicial de Fórum Filatélico, que tuvo lugar en mayo de 2006, la excúpula de la sociedad comparece hoy ante la Audiencia Nacional en la primera sesión del juicio por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero.

Delitos por los que el que fuera presidente de Fórum, Francisco Briones, se enfrenta a una petición de condena de hasta 27 años de cárcel como "líder de una organización de marcado carácter presidencialista" que dejó un desfase patrimonial de 2.848 millones, como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

Anticorrupción extiende además su acusación a otras 29 personas, incluidos el que fuera director general Antonio Merino Zamorano; el Consejo de Administración integrado por Miguel Ángel Hijón, Agustín Fernández, Francisco José López Gilarte y Juan Maciá; y el asesor jurídico, Juan Ramón González.

Para ellos solicita penas de entre once (González) y dieciséis años (Merino) de prisión por participar de una actividad de captación masiva de fondos mediante contratos de inversión filatélica que ofrecían elevadas rentabilidades abonadas con las aportaciones de otros clientes dentro de un esquema piramidal.

Una treintena de acusados de Fórum comenzará a desfilar por la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid), 38 sesiones inicialmente programadas hasta el próximo 15 de diciembre.

Los afectados por Afinsa se ponen en huelga de hambre

Varios afectados por la pérdida de los ahorros que invirtieron en Afinsa y en Forum Filatélico hace 11 años han comenzado una huelga de hambre, para hacer valer sus reivindicaciones días antes de que comience el juicio por el caso Forum en la Audiencia Nacional el próximo lunes. Habían acampado en Atocha, pero agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional obligaron a retirar la pancarta y las tiendas de campaña de los afectados y esta mañana se han trasladado a la Puerta del Sol.

Con esta huelga de hambre indefinida los afectados protestan por la incautación de Forum y Afinsa, sucedida el 9 de mayo de 2006. Los organizadores -la Asociación de Forum y Afinsa “Ferraz-Génova”- afirman que se irán sumando más voluntarios a la huelga en días sucesivos, de cara a la celebración del juicio de Forum, que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en la Audiencia Nacional.

El juicio contra los exdirectivos de Afinsa acabó el pasado mes de junio en la AN, después de seis meses de duración, y tuvo una sentencia condenatoria para sus directivos por estafa piramidal. La sentencia estableció que deben indemnizar a los afectados, agrupados en distintas plataformas, en la cantidad de 2.574 millones de euros.

Antes de que comience el próximo lunes el proceso contra la que fuera cúpula de Forum, el caso puede dar un giro de 180 grados en opinión de los afectados, pues la Administración Concursal de Afinsa ha dirigido un escrito al Juzgado de lo Mercantil de Madrid, con fecha 22 de junio pasado, en el que reconoce abiertamente que la actividad de la empresa "no era financiera sino mercantil y que su contabilidad era, por lo tanto, correcta”.

Esto supone, en apariencia -en opinión de los damnificados-,una rectificación en toda regla de la Administración Concursal. evidente de que la intervención judicial y posterior paralización de la actividad de la compañía fue, cuanto menos, absolutamente innecesaria, desproporcionada y, a nuestro juicio, completamente brutal e ilegal”, afirman en un comunicado colgado en su portal.

Los afectados creen que, frente a las tesis del Gobierno y de la Fiscalía, este carácter no financiero supondría la no obligación de provisiones y otros requerimientos financieros y contables que la entidad cumplía, pretexto que llevó a la liquidación de las entidades y a la malventa del patrimonio de las entidades por la Administración Concursal. Este criterio del "carácter mercantil" es el que sirve a los afectados para reclamar la devolución de su patrimonio y pedir responsabilidades. Dicen que, después de esto, las cosas cambian y que el Gobierno no puede ni debe mirar para otro lado.

Villar Mir declara durante dos horas ante el juez del caso...

El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ha declarado hoy durante dos horas ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso Lezo, en relación a la supuesta adjudicación fraudulenta de la construcción de un tren entre Navalcarnero y Móstoles.

Villar Mir ha llegado sobre las 09:30 horas a la Audiencia Nacional acompañado de su abogado para declarar en calidad de investigado en relación a la tercera pieza del caso Lezo,en la que se investiga la adjudicación del citado tren, una obra que nunca se llegó a realizar.

Según han informado fuentes jurídicas, el expresidente y máximo accionista de la constructora ha dado su versión sobre los hechos en una declaración que se ha prolongado alrededor de dos horas y de la que de momento no ha trascendido nada al encontrarse bajo secreto de sumario.

Tras oír su declaración, el fiscal del caso, Carlos Yáñez, ha decidido no pedir ninguna medida cautelar para él, según las fuentes.

También están citados para hoy en calidad de investigados el exdirector del departamento de construcción de OHL Rafael Martín Nicolás y Jesús Trabada, ex consejero delegado de la extinta empresa pública Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), encargada de valorar los candidatos que optaban a la obra.

García Castellón investiga el supuesto pago en 2007 de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren y en el que, según la investigación, podrían estar involucrados el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid (también imputado) e Ignacio González, encarcelado por este caso.

En unas anotaciones de López Madrid que obran en la causa figura que el yerno de Villar Mir, que estaba en OHL cuando la constructora optaba al concurso, tendría que dar unas indicaciones a Trabada acerca "de un tercero llamado Nacho", que podría referirse al expresidente madrileño.

Sobre esa presunta dádiva, en dos conversación pinchadas, Ignacio González asegura que López Madrid le había dicho que se había pagado una comisión por la operación y que desde la dirección de OHL pensaban que iba destinada al expresidente madrileño, pero que luego descubrieron que no.

"Javier López Madrid le habría dado a Ignacio unos detalles muy concretos sobre el pago de la comisión: se habría pagado desde México a una cuenta en Suiza relacionada con Adrián de la Joya (un empresario imputado en la causa)", relata el juez en un auto.