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Detenido un presunto yihadista en una operación policial en Melilla

La Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad del Territorio del Reino de Marruecos han desarticulado una célula yihadista compuesta por seis individuos, dos de los cuales residían en Melilla y cuatro en Marruecos. El líder, de nacionalidad española y origen marroquí, tiene 39 años y reside en Melilla, pero ha sido detenido en Marruecos por las autoridades de este país mientras realizaba labores de "captación y adiestramiento" para el Dáesh.

Los otros cinco detenidos son de nacionalidad marroquí y uno de ellos contaba con residencia legal en España. La célula, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, se encontraba "en un peligroso nivel de activación".

Además, según la investigación de la DGST de Marruecos, el grupo planeaba ataques terroristas "de gran envergadura", y mantenía "reuniones nocturnas restringidas donde realizaban sesiones de entrenamiento y simulaban asesinatos mediante decapitación".

USABA SU POSICION COMO AUXILIAR EDUCATIVO

El jefe del grupo aprovechaba su posición como auxiliar educativo en un centro de reeducación de menores para llevar a cabo labores de captación y radicalización entre los jóvenes "en una especial situación de vulnerabilidad".

Según fuentes de la investigación, durante el periodo en que ejerció este puesto consiguió "culminar de manera efectiva" su actividad de captación y conformar una célula terrorista, ahora desarticulada.

El objetivo de esta banda, que seguía las máximas del autodenominado Estado Islámico, era dar un paso "inminente" hacia "la yihad violenta".

La operación, que continúa abierta según Interior, se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 5 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

COLABORACION CIUDADANA

El Ministerio del Interior recuerda que, a través de la iniciativa STOP Radicalismos, los ciudadanos pueden colaborar a través de una serie de canales a su disposición para que, de forma confidencial y segura, notifiquen a las fuerzas y cuerpos de seguridad aquellos posibles casos de radicalización en su entorno a través de la página web www.stop-radicalismos.es, la aplicación móvil Alertcops y el teléfono gratuito 900822066.

Los 14 muertos del atentado de Barcelona pueden quedar identificados...

Las 14 víctimas mortales del atentado de Barcelona y Cambrils (Tarragona) previsiblemente quedarán identificadas la mañana de este lunes si todo va según lo previsto porque quedan dos por identificar, ha avanzado este domingo el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. En rueda de prensa con medios internacionales, ha detallado que 9 han sido identificadas a través de huellas dactilares y se ha comunicado sus datos al juez de la Audiencia Nacional y a familiares.

También hay otras tres personas plenamente identificadas, y durante la mañana de este domingo se llevan a cabo el proceso de comunicación al órgano judicial y familias. Por último quedan dos personas que en este momento se está analizando muestras de ADN y está previsto que en la próxima madrugada se tendrán resultados y que el lunes a primera hora se comunique.

Íñigo Méndez de Vigo llama a la unidad de todos los...

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha destacado en Madrid Contigo la compleja labor de investigación que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están llevando a cabo y apela a la unidad de todos los demócratas ante atentados como los acaecidos en Las Ramblas y Cambrils.

Méndez de Vigo llama a la tranquilidad y alega que "la prudencia es un ingrediente fundamental para la lucha contra el terrorismo". Ha destacado, además, el pacto antiyihadista establecido en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo. "Hay que centrarse en el apoyo sin fisuras a Mossos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional para detener a los culpables y que ingresen en prisión", así apelaba Méndez de Vigo a la cautela ciudadana.

España ha detenido a 186 presuntos yihadistas desde junio de 2015

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a 186 presuntos yihadistas en operaciones desarrolladas tanto en España como en el exterior, desde que en junio de 2015 el Gobierno incrementó el nivel de alerta a 4 sobre 5.

La cifra se eleva hasta 231 desde principios de ese año, cuando los primeros atentados terroristas en Francia en nombre del grupo Estado Islámico (también conocido como DAESH) pusieron sobre aviso a toda Europa sobre esta amenaza, más de 13 años después del 11-M.

En los últimos años, la actividad policial contra grupos o individuos sospechosos de tener vínculos con el yihadismo se ha incrementado sustancialmente. El año pasado, la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional por integración terrorista aumentó un 122 por ciento debido principalmente al incremento de detenciones de presuntos yihadistas, según los últimos datos oficiales hechos públicos recogidos en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado.

Así, en 2016 se registraron 20 diligencias frente a las 9 que tuvieron lugar un año antes cuando, por primera vez en la historia, las investigaciones por terrorismo yihadista superaron a las relacionadas con la banda terrorista ETA.

EL RIESGO CERO NO EXISTE

A la pocas semanas de llegar al Ministerio del Interior, Juan Ignacio Zoido dio órdenes a las fuerzas de seguridad para mantener la "tensión" ante la posibilidad de que los yihadistas atentaran en España, siguiendo el 'modus operandi' de otras acciones cometidas en Europa.

En sus últimas comparecencias, ha sostenido que no se había detectado ninguna amenaza concreta aunque siempre remarcaba que "el riesgo cero no existe".

La última operación policial tuvo lugar a finales de junio en Mallorca, donde cuatro personas fueron detenidas en Mallorca por su "total compromiso y adhesión con las directrices" del grupo terrorista Estado Islámico. Es más, uno de ellos habría planeado una "matanza" en la Plaza del Ayuntamiento de Inca apuñalando a viandantes, según el auto del juez.

Sólo unos días antes, en el centro de Madrid fueron detenidos otros tres presuntos yihadistas. La investigación policial desveló que uno de ellos se encontraba "en vías de planificación de un atentado terrorista" en la capital. Además, había publicado expresiones en las redes sociales de máxima violencia.

ÚLTIMO JUICIO, SEIS AÑOS DE CARCEL

El último juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra yihadistas tuvo lugar hace sólo un mes. Seis hombres fueron condenados a seis años de cárcel cada uno por formar parte de una célula de Melilla dedicada a captar, radicalizar, adoctrinar y enviar combatientes a zonas de conflicto. Durante el juicio reconocieron los hechos y rechazaron el uso de la violencia.

El Ministerio del Interior presta especial atención a los presuntos yihadistas que se han desplazado a zonas de conflicto. Según explicó Zoido a Europa Press en una reciente entrevista, las fuerzas de seguridad del Estado cifraban en unos 200 los yihadistas que desde España se habían trasladado a Irak o Siria para integrarse en las filas de Estado Isálmico. De estos 200, unos 50 han fallecido en esa zona y 34 han retornado, entre ellos cuatro menores.

Fruto de la colaboración policial, Interior ha cifrado en 270 el número de presos vinculados al terrorismo yihadista, lo que supone que en la actualidad haya una veintena más de internos en España por este tipo de terrorismo que de condenados por su relación con ETA.

SIN ATENTADOS DESDE EL 11-M

España no había sido objetivo de un atentado terrorista de corte yihadista desde hacía más de 13 años, cuando los ataques del 11 de marzo de 2004 en Madrid dejaron 192 personas muertas y más de 2.000 resultaron heridas.

En los últimos años, sobre todo desde la aparición de la organización Estado Islámico (también conocido como DAESH), otros países del entorno europeo como Francia, Bélgica o Reino Unido se veían golpeados por el terrorismo yihadista, pero en España la amenaza del yihadismo no pasó de un plan para atacar la Audiencia Nacional y la existencia de individuos o grupos que eran frenados por las fuerzas de seguridad.

Sólo un ataque contra objetivos españoles ha prosperado en los últimos años: en diciembre de 2015, dos policías fallecieron en el atentado contra la Embajada española en Kabul, la capital de Afganistán.

El Ministerio del Interior mantiene activada la iniciativa STOP RADICALISMOS con la que los ciudadanos pueden colaborar a través de una serie de canales a su disposición para que, de forma confidencial y segura, notifiquen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aquellos posibles casos de radicalización en su entorno a través de la página web www.stop-radicalismos.es, la aplicación móvil de alertas de seguridad ciudadana Alertcops y el teléfono gratuito 900 822 066.

El Fiscal cree «insólita» la medida de arresto domiciliario que propone...

La Fiscalía Anticorrupción ha calificado de "insólita" la medida de arresto domiciliario que ha propuesto la defensa del expresidente madrileño Ignacio González para sustituir su situación de prisión provisional en la que se encuentra desde el 21 de abril pasado por el caso Lezo.

Según indica el fiscal del caso, Carlos Yáñez, al oponerse de nuevo a la puesta en libertad de González, el arresto domiciliario es una medida reservada para casos en los que el internamiento supone grave riesgo para la salud del preso, algo que no ocurre con el expresidente madrileño, quien está "en perfectas condiciones de salud".

Aun así, la Fiscalía entiende que el ingreso en prisión puede causar siempre "pesadumbre o deterioro personal", algo que "no tiene nada que ver" con lo expresado por el abogado de González, Esteban Mestre, en su recurso, en el que afirma que la prisión provisional "lesiona los derechos a la salud y la integridad moral" de su defendido.

Con esa afirmación el fiscal comprende que lo que está queriendo expresar el abogado es que a González "no le gusta estar en prisión y le causa un estado anímico de cierta depresión" porque de suceder lo que dice el letrado estaríamos ante un delito de vejaciones.

Estos son los principales argumentos empleados por el fiscal para impugnar el recurso presentado este lunes por la defensa de González ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la decisión del juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, de mantener al expresidente madrileño en prisión.

Para Yáñez, la afirmación del letrado, al acusar al magistrado de "incongruencia omisiva" por no haberse pronunciado acerca de la posibilidad de sustituir la prisión por arresto domiciliario con intervención de las comunicaciones y la prohibición de acercarse a personas relacionadas con la investigación, "puede calificarse de errática o extravagante".

El fiscal considera que "en modo alguno" se ha incurrido en tal incongruencia, sino que "muy al contrario se ha dado respuesta clara a la petición que se instó por el recurrente".

A su juicio, el juez García Castellón en su auto "expresó adecuadamente las razones que justifican el mantenimiento de la prisión provisional" y una vez que el magistrado motiva su decisión de no concederle la libertad "no tiene que dar respuesta a otras peticiones alternativas".

Además, el fiscal sostiene que González en su recurso "no aporta ni un solo elemento nuevo o distinto a lo alegado" en sus tres anteriores peticiones de libertad, dos ante la Sala de lo Penal y una ante García Castellón, que es la que ahora recurre.

Por lo tanto, las argumentaciones que llevaron a la Audiencia Nacional a desestimar los recursos de González -riesgo de fuga y de destrucción de pruebas- siguen estando vigentes y no se ha apreciado "ninguna circunstancia nueva y mucho menos un dato objetivo que acredite un cambio de circunstancias" que justifiquen su salida de prisión.

Además, según la Fiscalía, "resulta fundamental" la medida de prisión para preservar la instrucción de "injerencias que frustren las actuaciones en curso", ya que, a su juicio, ha quedado demostrado que González tiene una "capacidad inusitada para protegerse frente a la instrucción judicial", por lo que "persiste un evidente riesgo de destrucción de pruebas".

En cuanto a las medidas que planteó la defensa del expresidente madrileño, el fiscal cree que es "cuanto menos llamativo" que proponga la intervención de las comunicaciones, algo que es "tan inútil como ilegal".

Inútil porque González sabría que sus comunicaciones están siendo vigiladas, y en segundo lugar sería ilegal porque, según la Ley, "en modo alguno" esta medida puede ser utilizada para controlar a una persona en el sentido que propuso el letrado.

García Escudero declara que no estaba en el «día a día...

El presidente del Senado, Pío García Escudero, ha declarado hoy en el juicio de Gürtel que él no se ocupaba de los temas de administración ni de gestión del partido, que su responsabilidad era "estrictamente política" y que no estaba en el "día a día" de la gestión.

García Escudero declara hoy como testigo en el juicio de la primera época de Gürtel desde el mismo estrado situado a la derecha del tribunal desde el que lo ha hecho previamente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En el caso del presidente del Senado, lo hace a petición de la representación del acusado Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, por su responsabilidad como presidente del PP de Madrid entre 1993 y 2004.

"Si yo era el presidente se supone que todo el partido dependía de mí pero en lo que yo no estaba era en el día a día de todo el partido (...) Mi función y mi responsabilidad era estrictamente política.", ha asegurado ante preguntas del abogado del exalcalde de Majadahonda.

El presidente del Senado, que ya declaró hace años durante la instrucción de la causa, ha aclarado que la financiación del PP madrileño se producía "por varias vías", entre ellas "las cuotas de los afiliados, ayudas públicas, donaciones particulares" y según ha dicho creer, "también aportaciones de cargos públicos".

Ha exculpado al que fuera secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada de las responsabilidades de la financiación del partido madrileños y ha dicho que esta función la llevaba el servicio de tesorería.

FUNDESCAM: "LABORATORIO DE IDEAS"

García Escudero ha dicho que cree que desde Génova había "un cierto control" sobre la contabilidad de las formaciones 'populares' regionales. Aún así, ha apuntado que no puede hacer esta afirmación "con precisión" porque esta supervisión no era de su competencia como presidente del PP de Madrid. Eso sí, ha afirmado rotundamente que la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam) no ha pagado ningún acto electoral de los 'populares'. "Era una especie de laboratorio de ideas para trabajar el desarrollo económico de la Comunidad de Madrid", ha añadido señalando que el PSOE e Izquierda Unida tenían organismo similares a éste.

A preguntas de la fiscal Anticorrupción Concepción Sabadell, el presidente del Senado ha recordado que pidió a la formación política un préstamo de unos cuatro millones de euros para hacer frente a los gastos de rehabilitación de su vivienda que quedó "destrozada" por un atentado de ETA.

También, ha negado haber recibido esta cantidad en efectivo, así como los apuntes que aparecen relacionados con él en los denominados 'Papeles de Bárcenas'. Asimismo, ha dicho que en 2003 no cobró 15 pagas por trabajar en el PP y que tampoco percibió unos 6.000 euros.

NIEGA INSTRUCCIONES A ALCALDES

El presidente del Senado ha negado también tener constancia de que la formación popular instruyera mediante un Power Point a los alcaldes regionales de la Comunidad de Madrid a financiar sus campañas de manera irregular. "No sé lo que es ni a qué se refiere", ha respondido.

Por último, al igual que hizo en su declaración como testigo ante el juez instructor Pablo Ruz -quién se desplazó hasta su despacho oficial en el Senado-- en 2013, ha reconocido que recibió un reloj que le regaló el 'cabecilla' de la trama G~rtel, Francisco Correa. "Lo devolví inmediatamente", ha destacado. También ha reconocido que en "plena campaña electoral de 2003" el responsable de Orange Market -empresa vinculada a la red corrupta--, Alvaro Pérez 'El Bigotes' le regaló un teléfono móvil, "un Nokia normal de aquella época", porque el suyo se le había estropeado.

Con la declaración de Pio García-Escudero el juicio por la primera época de la trama G~rtel se ha suspendido por las vacaciones de verano hasta el próximo 4 de septiembre. Antes de finalizar la sesión de este miércoles, el presidente del tribunal, el magistrado Angel Hurtado, ha indicado a las partes presentes en este procedimiento que espera que en septiembre concluya la vista oral que comenzó el 4 de octubre de 2016 y de la que se han celebrado hasta ahora 101 jornadas.

Hurtado ha pedido a las acusaciones y a las defensas que les faciliten un "guión o una minuta" de su informe de conclusiones para ayudar al tribunal a dictar sentencia.

Los VIP de Soto del Real

Semana especialmente agitada en la Audiencia Nacional. Esta vez, la corrupción ha salpicado al fútbol. El presidente de la Federacion española Angel Mª Villar ha sido el último en entrar en Soto del Real, la conocida como "cárcel de los VIP", situada a poco más de 40 kilómetros de la capital, donde conviven con presos comunes, en espera de juicio.

En ella se dan cita banqueros, políticos y empresarios vinculados todos ellos, con causas de corrupción. Imposible nombrarlos a todos, de los últimos y más conocidos:

Jordi Pujol Ferrusola, en prisión incondicional sin fianza, tras conocerse que ocultó 30 millones de euros a la justicia desde que se sabía investigado.

Gerardo Díaz Ferrán, expresdiente de la CEOE y de Marsan, condenado a cinco años de prisión por alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en banda criminal.

Sandro Rosell, empresario y expresidente del FC Barcelona fue imputado por blanqueo de comisiones ilegales.

Ignacio González y su hermano. El ex presidente de la Comunidad del Madrid, fue detenido el pasado 19 de abril por el presunto desvío de fondos del Canal de Isabel II.

Francisco Granados, recientemente excarcelado, Luis Bárcenas, extesorero del PP, Mario Conde, Miguel Blesa, Luis Pineda, presidente de Ausbanc, y directivos de la caja Novagalicia han sido otros de sus inquilinos.

El fiscal del Supremo pide investigar a la senadora Barreiro por...

En la Audiencia Nacional ha comenzado la ronda de interrogatorios a los responsables de la empresa pública Arpegio, en el marco de la "Trama Púnica". Esta tarde ante el juez han declarado el exconsejero de Arpegio, Eduardo Larraz, y su esposa. Ambos investigados por una cuenta que abrieron en Suiza.

Y en relación con la trama Púnica este jueves La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala que nombre magistrado instructor para investigar a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro por cinco posibles delitos relacionados con el caso Púnica. La Fiscalía ha solicitado como primera medida la comparecencia voluntaria de la senadora para declarar sobre los "hechos imputados objeto de las presentes actuaciones y cuantas otras sean necesarias para la aclaración de los mismos".

Barreiro, según la exposición razonada que elevó el juez Eloy Velasco antes de dejar el juzgado que investiga el caso Púnica, pudo incurrir en delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho. Por ello, en un escrito de dos folios fechado el 5 de julio, el fiscal solicita el nombramiento de un instructor en el Supremo para investigar los hechos.

En declaraciones a EFE, Pilar Barreiro ha mostrado hoy su "absoluta disposición" a colaborar con la causa y ha explicado que hace un par de meses se personó ante el Supremo y pidió declarar voluntariamente para aclarar su supuesta participación en la trama. En la exposición razonada elevada por el juez Velasco al Supremo, el instructor de la Púnica la acusa de utilizar fondos públicos para la mejora de su imagen.

DESVÍO DE FONDOS

Según el juez, la autorización que hizo del pago de cuatro facturas mensuales por importe cada una de ellas de 800 euros, pagadas a la empresa de Alejandro de Pedro, "acredita que permitió y consumó el desvío de fondos públicos" que habrían planificado el empresario Javier de Pedro, cabecilla de la Púnica, y José Antonio Alonso, alcalde socialista de Cartagena hasta la llegada de la hoy senadora.

El escrito del juez sostenía que la exalcaldesa se valió de su amistad con José Antonio Alonso para contactar con Alejandro de Pedro y que la empresa de éste "le realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las reses sociales".

Un "primer paquete" de trabajos consistía, siempre según el Juzgado de Instrucción, en la gestión de las redes sociales y en la puesta en marcha de un diario digital en la ciudad portuaria. "Este ardid diseñado -añade la exposición razonada- permitía el pago subrepticio por el ayuntamiento de Cartagena de lo que debía ser un gasto personal de la alcaldesa".

Pilar Barreiro ha dicho a EFE que se le investiga "por cuatro facturas de 800 euros, más IVA, que se abonaron a un periódico digital" en el marco, según ella, de una campaña global de promoción de la ciudad de Cartagena emprendida "en todos los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, con motivo de la llegada a la ciudad del tesoro de la Mercedes y de las fiestas de cartagineses y romanos".

"Estamos hablando de anuncios en todos los medios de comunicación de Murcia, Andalucía oriental, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia, Madrid y Barcelona", ha advertido la exalcaldesa, quien ha recordado que en el marco de esa promoción local el ayuntamiento accedió a incluir a un periódico digital "que tenía muchas visitas en Valencia".

Barreiro ha asegurado que aportará la factura que recibió el consistorio por ese trabajo digital, el documento de pago y un "pantallazo" de la información difundida por el medio investigado, de Alejandro de Pedro.

Ha negado, como afirma el juez de la Audiencia, que los citados 3.200 euros más IVA fueran para acometer trabajos de mejora de su reputación online, y ha subrayado que no se convocó ningún concurso público, como denuncia Velasco, porque el importe del contrato no requería ese procedimiento.

Romero de Tejada: Las campañas deñl PP de Majadahonda las finanaciaban...

El exalcalde de Majadahonda y ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, aseguró este miércoles en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional por la primera etapa de la trama Gürtel entre 1999 y 2005 que las campañas electorales en la localidad de la que fue edil se financiaban con "cenas benéficas, rifas y aportaciones de los afiliados". La declaración como testigo de Romero de Tejada había sido reclamada por la defensa del exconcejal Guillermo Ortega, que la considera relevante para ponerla en relación con otros testimonios emitidos durante el juicio. Se le preguntó en calidad de secretario general del PP de Madrid entre 1996 y 2004 y alcalde de Majadahonda de 1989 a 2001.

El ex secretario general del PP madrileño reconoció conocer a todos los acusados y aseguró que las campañas electorales en Majadahonda eran "sencillas" y no requerían una gran infraestructura financiera. En concreto, aseguró que los actos electorales en su etapa al frente del Ayuntamiento se pagaban con "cenas benéficas, rifas, sorteos y aportaciones de afiliados".

Preguntado por si en alguna ocasión recibió alguna llamada de la sede nacional del PP pidiéndole trato de favor para las empresas de Francisco Correa, el exalcalde respondió: "No, que yo sepa no", lo mismo que respondió al ser interrogado por la existencia de donativos de particulares al partido.

Romero de Tejada explicó que abandonó la Alcaldía en 2001 y a partir de ese momento "no he intervenido en absoluto en nada" relacionado con el Ayuntamiento de Majadahonda. En línea qcon esa afirmación, negó haber tenido participación alguna en la adjudicación de la construcción de un colegio privado inglés o en la ampliación del campo de fútbol. Negó en ese momento que el desarrollo de esos dos proyectos afectara a su relación con Ortega y fuera el origen de una enemistad, porque "mi relación con él era casi nula en esa época". Romero achacó el distanciamiento entre ambos a que alguien aconsejó al concejal que "marcara una raya con respecto a mí y mi gestión".

A continuación, declaró también como testigo el excoordinador de las campañas del PP en Madrid José Manuel Fernández Norniella, quien explicó al tribunal que abandonó el partido en 1998 y que desconocía buena parte de los hechos que se juzgan.

Después declaró la exdiputada Carmen Rodríguez Flores, a la que se pidió declaración para que responda sobre una comida a la que acudieron junto a Ortega y el extesorero del PP Álvaro Lapuerta. Ortega dijo en el juicio que la exdiputada madrileña le dijo que le habían costado el cargo de alcalde las conversaciones que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta había mantenido con el empresario dueño de Licuas y Coarsa, Joaquín Molpeceres, quien se había quejado de que no les estaba dando las obras que se licitaban en Majadahonda.

Rodríguez aseguró que no recordaba esa comida y puntualizó que, en cualquier caso, de haber coincidido en el mismo local con dos señores que comen juntos, no se habría acercado porque "soy una señora".

Por su parte, el exconcejal popular Jorge Barbadillo confirmó a continuación que estaba comiendo con Ortega cuando Rodríguez Flores y Lapuerta entraron juntos al local. Se acercaron a su mesa y la exdiputada les dijo que ambos habían sido expulsados de sus cargos por no haber ayudado lo suficiente a Molpeceres.

Según explico al tribunal, durante todo el encuentro en el que se produjeron estas revelaciones Lapuerta estuvo al lado de la diputada escuchando y asintiendo con la cabeza a sus explicaciones.

Juzgan al tuitero que quería un ‘selfie’ con la nuca de...

El joven que publicó en la red social de Twitter que quería hacerse un 'selfie' con la nuca de la víctima de la banda terrorista ETA Miguel Angel Blanco ha aprovechado su turno de última palabra en el juicio que ha acogido la Audiencia Nacional hoy en su contra para dirigirse al tribunal y decirle que "no son nadie" para juzgarle.

El fiscal del caso ha elevado a definitivas la petición de dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para el tuitero por los delitos de enaltecimiento y difusión pública de terrorismo tal y como recogió en su escrito de acusación en el que dijo que los mensajes publicados provocaban "la realización de actividades terroristas" en claro menosprecio y humillación de las víctimas.

El acusado, que ha reconocido ser el dueño de la cuenta que se le atribuye, ha explicado una vez terminada la vista oral que no se arrepentía de la publicación de los mensajes. Su letrado, por su parte, ha pedido la absolución alegando que un tuit no puede ser delito y que estas expresiones se enmarcan dentro del debate de la libertad de expresión.

Entre marzo de 2013 y enero de 2015, publicó en su perfil abierto al público nueve comentarios tales como 'Y me hundo... como la nuca de Miguel Angel Blanco', '#Quierounselfiecon la nuca de miguelangelblanco', 'Me meo en la AVT', o 'Responder a Esperanza guirre asesina de niños se te queda corta. Que vuelvan los GRAPO o ETA y te den tu merecido. Escoria'.

A finales de 2014 el acusado también se refirió al ataque contra la sede del Partido Popular cuando un coche se empotró contra la entrada del edificio de la calle Génova y dijo que había sido una lástima que las bombas no estallaran y que no hubiera nadie dentro. 'Espero que al menos esto provoque un efecto llamada', apostilló.

El día 7 de enero de 2015, refiriéndose al atentado yihadista contra el semanario Charlie Hebdo en Francia en el que fueron asesinadas doce personas, publicó: 'Joder, en vez de tirotear #Charlie podían haber ido a la redacción de El Mundo o El País, mucho más productivo'.

La Audiencia Nacional juzga a este joven por alabar en Twitter a ETA, los GRAPO y grupos yihadistas y por vilipendiar al PP, a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y a Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato por ETA se acaban de cumplir 20 años.

"Y me hundo... como la nuca de Miguel Ángel Blanco" o "Responder a @EsperanzAguirre @elmundoes asesina de niños se te queda corta. Que vuelvan los Grapo o ETA y te den tu merecido, escoria" son algunos de los comentarios por los que Darío P.G. está acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo.