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Aprobado el reglamento del Consejo Social de la ULL

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de La...

Ana Lilia Herrera ( PRI ) se perfila como presidenta de...

Tweet   El coordinador de los senadores del PRI, EmilioGamboa, decidió ceder la Presidencia de la Junta de CoordinaciónPolítica (Jucopo) a una mujer de la bancada del PRI. Nos han confirmado que será la senadora mexiquenseAna LiliaHerrera quien ocupe ese cargo, y tendrá que ser por acuerdopolítico, toda vez que el artículo81 de la Ley Orgánica establece que la Presidencia de la Jucopo la debe ocupar un coordinador. Por supuesto, Gamboa seguirá siendo coordinador del PRI en la CámaraAlta. Mensajes Virales es una columna que elaboran los reporteros de Mensaje Político y Círculo Digital, El Ecosistema de Periodistas

El juez Velasco deja los casos Lezo y Púnica al obtener...

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado a los magistrados de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y Enrique López para la nueva Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, que se encargará de revisar en segunda instancia las sentencias dictadas por este órgano y que tiene previsto empezar a funcionar el próximo 1 de junio. Ambos habían solicitado el ascenso junto con otros treinta magistrados, la mayoría de ellos también pertenecientes a este órgano. La designación obligará a Velasco a abandonar el Juzgado Central de Instrucción número 6 un día después de que este nombramiento sea publicado en el BOE, según señala la Ley, y con ello la investigación de las causas Lezo y Púnica que aún están lejos de concluir y que afectan a corrupción cometida por cargos del PP.

La mayoría de aspirantes eran magistrados de la Audiencia Nacional, pero también se habían presentado al puesto, entre otros, el exministro socialista Juan Alberto Belloch y el actual portavoz de Justicia en el Congreso Juan Carlos Campo, informaron a Europa Press fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Permanente ha adoptado esta decisión por mayoría de 6 votos a 2 -los de los vocales Alvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda- y de conformidad con el informe solicitado por la propia Comisión al gabinete técnico de este órgano sobre el modo en que debía interpretado el párrafo segundo que artículo 330.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que la provisión de plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se resolverá a favor de quienes, con más de quince años de antigüedad en la carrera y diez en lo penal, "prefiriéndose entre ellos a quienes ostenten la condición de especialista". En ambos casos se encontraban Velasco y López.

CONCURSO RECURRIDO POR OTROS JUECES

Se da la circunstancia de que otros aspirantes no consideran ajustados a derecho los requisitos del concurso, por lo que han recurrido el acuerdo de la convocatoria. Se trata de los también jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Angel Hurtado, José Ricardo de Prada, Manuela Fernández de Prado, Ramón Sáez y Clara Bayarri, si bien su impugnación no suponía ningún retraso en la elección prevista para este miércoles.

El informe debía aclarar si en la actualidad existen magistrados especialistas en el orden jurisdiccional penal y precisar si pueden ostentar esta condición quienes accedieron a la categoría de magistrado mediante las pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal.

Respecto al primero de los puntos, el Gabinete Técnico concluye que a día de hoy no existen magistrados especialistas en el orden jurisdiccional penal, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2013, que estimó parcialmente el recurso que varias asociaciones judiciales interpusieron contra el Reglamento 2/2011, de la Carrera Judicial, aprobado por el Pleno del CGPJ el 28 de abril de 2011.

En su sentencia, el alto tribunal anuló total o parcialmente varios artículos referidos a la celebración de pruebas para el reconocimiento de la condición de especialista en los órdenes civil y penal a las que pueden concurrir los miembros de la Carrera Judicial con la categoría de magistrado, pero dejó vigente el punto segundo del artículo 37 del Reglamento, que establece que "para la cobertura de aquellas plazas a las que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la especialización el carácter de mérito preferente, los jueces y magistrados que hayan superado las pruebas de promoción o especialización previstas para los órdenes civil y penal tendrán la consideración de especialistas en los respectivos órdenes".

El Gabinete Técnico concluye que de la vigencia de ese artículo 37.2 se desprende que, "a los solos efectos previstos en la norma" -es decir, la cobertura de plazas en las que la especialización sea mérito preferente-, los magistrados que accedieron a esta categoría mediante las pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal "tendrán la consideración de especialistas".

Esta circunstancia solo concurre en dos de los solicitantes, Eloy Velasco y Enrique López, que de este modo obtienen las plazas a concurso "con preferencia sobre los/las peticionarios/as con mejor número de escalafón, y ello de conformidad con el informe emitido por el Gabinete Técnico de este Consejo, por el que aquellos magistrados que superaron las pruebas selectivas de civil y penal se consideran especialistas a los efectos del artículo 330.7, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial", según el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Una vez Velasco cese como juez de instrucción el CGPJ deberá convocar su plaza, que se obtiene por antig~edad, según las fuentes consultadas. Ello obligará al órgano de gobierno a convocar la misma en breve, pues la idea del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, es que la nueva sala de apelaciones comience a funcionar sin retrasos.

EL PRESIDENTE SERA ELEGIDO POR MERITO

Entre la veintena de aspirantes se encuentran una decena de jueces que ya prestan sus servicios en la Audiencia Nacional, según las mismas fuentes. La sala contará con dos magistrados más la Presidencia, que se convoca aparte porque dicho cargo sí será de carácter discrecional en función de lo principios de mérito y capacidad, y los candidatos tendrán que pasar por el trámite de entrevista por los vocales de la Comisión Permanente, igual que ocurre con otros altos cargos judiciales.

La creación de la nueva sala de apelaciones viene obligada por numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que advierten de la inexistencia en España de una segunda instancia penal efectiva. Par el órgano europeo la no existencia de esta segunda instancia conculca derechos fundamentales, la revisión en casación no cumple con los requisitos legales para ello, puesto que no permite una nueva revisión de las pruebas.

SEMBLANTE DE VELASCO

Eloy Velasco ha estado al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 desde el año 2008 -la plaza la tiene en propiedad otro juez, Manuel García-Castellón, magistrado de enlace ante Italia desde el 23 de marzo de 2012- y por sus manos han pasado numerosos casos de terrorismo, justicia universal y corrupción, siendo éste el asunto que más fama le ha reportado últimamente.

Velasco fue quien envió a prisión al expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán en la llamada 'operación Crucero' y actualmente instruye los casos Púnica y Lezo de corrupción política en la Comunidad de Madrid, que han acabado con dos exdirigentes del PP, Francisco Granados e Ignacio González, en la cárcel.

En la lucha contra el entramado de ETA, Velasco se estrenó en este Juzgado Central instruyendo la causa contra el etarra José Ignacio de Juana Chaos por escribir una carta que fue leída en un acto de recibimiento en San Sebastián. También instruyó la causa contra Arnaldo Otegi por enaltecimiento tras su participación en el mitin de Herri Batasuna en Anoeta en 2004.

Además, el año pasado el magistrado procesó a 48 miembros del 'frente de cárceles' de ETA, entre ellos el senador de Bildu Iñaki Goioaga. También ha instruido causas contra Resistencia Galega y grupos de corte anarquista.

En justicia universal, el juez Velasco ha investigado algunos casos notorios como el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas en la Universidad Centroamericana de El Salvador en 1989, cuya instrucción continúa abierta.

Nueva Alianza propone medalla al mérito con la denominación ‘Mujeres Valor...

Tweet CIUDAD DE MÉXICO ,(JUAN R. HERNÁNDEZ / MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- Con el objetivo de reconocer la labor femenina como parte fundamental del desarrollo y crecimiento de nuestro país, la vicecoordinadora de la fracción de Nueva Alianza, Mirna I. Saldívar Paz, propuso la creación de una medalla al mérito con la denominación “Mujeres Valor de México”. En tribuna, la […]

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El autobús de Hazte Oir sigue inmovilizado en una nave de...

El autobús de la campaña de Hazte Oír contra los menores transexuales continúa este miércoles inmovilizado en una nave de Madrid con custodia policial hasta que se pronuncie la Fiscalía sobre qué hacer en relación a un posible delito de lgtbifobia, han señalado fuentes municipales.

Ayer, la Policía Municipal de Madrid procedió a inmovilizar el vehículo que circulaba por las calles de la capital con el mensaje 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen' por "incumplir la ordenanza de publicidad en los autobuses", que sólo permite que vaya en la de los vehículos de la EMT.

Además, también lo denunciaron inicialmente por incumplimiento de la ordenanza de publicidad del Ayuntamiento de Madrid. En su artículo 2, referido a "medios de expresión publicitaria no autorizada", se indica que "se prohíbe la publicidad en cualquier tipo de vehículo o remolque, en circulación o estacionado, excepto la que se realice en los vehículos destinados al transporte público".

Por otro lado, también intervino por los contenidos 'lgtbifóbicos' de la publicidad que se observa en el vehículo la Unidad de Gestión de la Diversidad, que actuó de oficio y elevará a Fiscalía el informe correspondiente.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid anunció ayer que remitirá una denuncia al Ministerio Fiscal sobre los hechos recogidos en el Informe de la Abogacía del Estado acerca del caso, a la que había acudido para que aclarara si el contenido del texto de la campaña puesta en marcha por esta plataforma pudiera constituir un delito o una infracción penal.

Según este informe, los hechos que se denuncian podrían ser constitutivos de los delitos tipificados en el artículo 510.1 a) y 510.2.A) del Código Penal, es decir delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.

Además, este mismo hecho podría ser constitutivo de las infracciones administrativas tipificadas en el artículo 37.5 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, si estos hechos no constituyeran infracción penal.

El PSOE trabajará por el acuerdo político para facilitar el ejercicio...

La portavoz socialista de Inmigración y Emigración pone en valor las iniciativas socialistas presentadas en el Congreso y el Senado, en relación con...

Ordenan el ingreso en prisión de los policías de Getafe condenados...

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el ingreso en prisión de los dos policías de Getafe condenados por homicidio durante una persecución en 2011, al considerar que no concurren las circunstancias para suspender la ejecución de la pena mientras se resuelve su petición de indulto.

El auto de la Sección 16 de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso Efe, deniega la solicitud de suspensión de pena solicitada por Antonio Miguel G.M. e Ismael G.G. como solicitantes de la gracia de indulto. Contra esta decisión cabe recurso de súplica.

Los magistrados recuerdan que la Sala Segunda del Tribunal Supremo envió informes al Ministerio de Justicia en los que se muestra contraria a los indultos, y la Fiscalía también ha expresado su parecer contrario.

Subrayan asimismo que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece el cumplimiento efectivo de las sentencias firmes y que la única vía legal para lo contrario es "que la gracia solicitada halle acogida y que el indulto sea concedido".

Puntualizan que además en estos casos no existen motivos excepcionales por los que proceda conceder el beneficio que se solicita.

Los dos policías locales de Getafe fueron condenados a 3 años y 9 meses de prisión por el Tribunal Supremo por un delito de homicidio consumado y otro de homicidio intentado.

El alto tribunal redujo la pena de 15 años que había impuesto la Audiencia Nacional a los dos agentes y absolvió a un tercer condenado -Óscar D.C.-, y a continuación los dos agentes policías condenados presentaron la petición de indulto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dirigida al Ministerio de Justicia.

Por su parte, fuentes cercanas a los agentes han resaltado a Efe que "el auto no es definitivo, se puede recurrir y es lo que se va a hacer".

Así los policías condenados se han mostrado dispuestos a seguir "todos los cauces legales que van marcando los abogados hasta el final", si bien han mostrado su voluntad de esperar a que el auto "sea definitivo" para dar más detalles respecto de su postura al respecto.

Cuando los agentes solicitaron el indulto al Ministerio de Justicia el pasado mes de mayo, presentaron también una suspensión de la condena al Tribunal Supremo mientras la primera se tramitaba, de acuerdo a "lo dispuesto en el artículo 4.4 segundo del Código Penal", de forma que no tuvieran que ingresar en prisión antes

Casi la mitad de las víctimas de agresión sexual en España...

Casí la mitad de las víctimas de agresión sexual en nuestro país son menores. Además en el año 2015 las denuncias por este tipo de violencia contra los niños y las niñas crecieron un 5 por ciento, según datos del gobierno. Save the children pide que el plazo para la prescripicón de este tipo de delitos empiece a contar desde que la vícitima cumple 30 años y no 18 como ocurre hasta ahora.

Las denuncias por agresiones sexuales a menores se incrementaron un 5% en el año 2015, cuando se registraron 3.919, es decir, una media de casi once denuncias diarias, frente a las 3.732 que se habían producido un año antes, según los datos del Ministerio del Interior. En total, se denunciaron 35.913 actos violentos contra la infancia.

Las cifras, recogidas en el anuario estadístico de Interior, revelan que las denuncias por agresiones sexuales a menores distan poco de las que se producen por el mismo fenómeno entre adultos, un total de 4.206 en el mismo año 2015, el último del que hay datos disponibles.

"Cada vez más casos de abuso sexual infantil salen a la luz, pero este delito sigue siendo aún un tabú en nuestra sociedad. La violencia contra la infancia es un problema oculto y las cifras de denuncias son solo la punta del iceberg. Faltan mecanismos para que los niños denuncien y esto hace que muchos casos no se conozcan y permanezcan impunes", afirma al respecto el director general de Save the Children en España, Andrés Conde.

Según explica la organización, "el estigma y el trauma derivados de estos delitos, la incomprensión y verg~enza asociados a los abusos, así como el hecho de que en muchas ocasiones los abusos son producidos por personas del círculo de confianza del menor", ya sea en la familia, el colegio o en actividades extraescolares, hacen que las víctimas muchas veces no los denuncien.

"Si lo hacen, se encuentran con un sistema judicial hostil y poco adaptado a sus derechos y necesidades. Por ello los abusadores en muchos casos nunca son descubiertos", apunta Save The Children.

En este sentido, Conde incide en que los niños que sufren estos abusos "generalmente no saben qué hacer y se paralizan" y cuando llegan por fin a denunciar, "se enfrentan a un proceso muy arduo, que les somete a interrogatorios y pruebas repetidas en las que reviven constantemente la violencia sufrida".

MUCHAS VÍCTIMAS NO DENUNCIAN HASTA QUE NO SON ADULTOS

Save The Children recuerda que en muchas ocasiones las denuncias de estos abusos sexuales no son realizadas por las víctimas hasta que se encuentran en su edad adulta, pues generalmente las víctimas no son capaces de entender y enfrentarse a los abusos vividos hasta ese momento, bien porque la relación de poder ya ha terminado, porque el miedo al abusador ha sido superado o porque hasta ese momento no se han visto capacitados emocional y psicológicamente para hacerlo.

Sin embargo, el delito puede haber prescrito. En España, una vez que la víctima cumple los 18 años sólo dispone de un período de tiempo concreto para denunciar, que varía entre los 5 y 15 años según la gravedad del abuso. Pasado este plazo, el delito prescribe y la víctima no podrá actuar contra su abusador, que quedará así impune.

La organización reivindica una reforma del Código Penal para que el cómputo de los plazos de prescripción señalados se suspenda hasta que el menor de edad víctima alcance los 30 años, en línea con el modelo alemán. Esto garantizaría el derecho a perseguir este tipo de delitos cuando se adquiere conciencia de lo sucedido.

"La lucha contra el abuso sexual requiere además de un sistema de prevención, detección, atención y recuperación de las víctimas adaptado a los derechos y necesidades de los menores", destaca Save The Children, para incidir en la necesidad de una Estrategia Integral de Lucha contra la Violencia contra la Infancia en torno a una Ley Orgánica de medidas contra la violencia hacia la infancia que aborde de forma global este fenómeno.