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Muere a los 69 años José María Romero de Tejada, fiscal...

El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha fallecido este lunes a la edad de 69 años, según ha informado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. En un mensaje de Twitter, el ministro ha recordado la figura de Romero de Tejada y ha ...

La juez Lamela pide un informe de llamadas telefónicas de Trapero,...

La juez Carmen Lamela ha pedido hoy un informe de las llamadas entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre de los investigados por sedición Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra, la intendente de este cuerpo Teresa Laplana y el presidente de ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium, Jordi Cuixart, ambos en prisión desde el lunes.

En su petición a la Guardia Civil para conocer ese tráfico de llamadas y que ha sido notificada en un auto, la juez de la Audiencia Nacional pide que se identifiquen los números de teléfono de los cuatro investigados y que se solicite a las compañías telefónicas el listado de llamadas y de mensajes de texto emitidos también esos días, entre el 15 de septiembre y 2 de octubre.

La juez quiere conocer con qué personas y si entre ellos mismos se efectuaron comunicaciones esos días, así como el tiempo que se prolongaron y otros datos de interés relevantes para la investigación, han informado fuentes jurídicas.

Se trata de unas diligencias que la instructora de la causa acuerda cuatro días después de tomar declaración, por segunda vez, a los cuatro investigados por los incidentes que tuvieron lugar el 20 y 21 de septiembre durante las detenciones y registros efectuados en la Consejería de Economía contra los miembros del Govern implicados en la organización de la consulta.

MALERSTAR ENTRE LOS MOSSOS

Agentes de los Mossos d'Esquadra han mostrado su malestar por entender que algunos mandos han dejado de asumir toda la responsabilidad de las instrucciones transmitida en las actuaciones del referéndum del 1 de octubre que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó impedir, han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo autonómico.

La preocupación va en aumento en los últimos días ante la investigación por sedición en la Audiencia Nacional y las noticias de que la Guardia Civil se está personando desde esta semana por orden judicial en el servicio de emergencias 112 de Reus, en la comisaría de Lleida o, este mismo viernes, en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) que ya fue registrado en las horas previas al 1-O.

La Guardia Civil ha intensificado en las últimas horas sus diligencias para recabar pruebas sobre las llamadas telefónicas realizadas por radio y también las que llevaron a cabo mandos y agentes de los Mossos. Las pruebas se enmarcan en las investigaciones abiertas, entre otros, en el juzgado de instrucción número 4 de Lleida. Su titular investiga la supuesta inacción de la policía autonómica durante el 1-O, según ha informado el TSJC en un comunicado.

Los mossos están preocupados por lo que interpretan como un cambio en las promesas transmitidas por sus mandos antes del 1-O. Entonces, aseguran, les dijeron que la cúpula policial asumiría toda la responsabilidad de las actuaciones. En las últimas fechas, sin embargo, se quejan de que algunos mandos han empezado a transmitirles un mensaje diferente: que cada agente debe asumir su responsabilidad ante lo que hizo o dejó de hacer ese domingo.

Fuentes sindicales de los Mossos consultadas por Europa Press han señalado que muchos de sus afiliados están preocupados tras el atestado de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional en el marco de la causa por un presunto delito de sedición en la que se investiga al mayor Josep Lluis Trapero. Es por esta investigación por la que se encuentran en prisión los líderes de ANC, Jordi Sánchez, y de Êmnium, Jordi Cuixart.

El pasado 18 de octubre, a propuesta de la Fiscalía, la magistrada de la Audiencia Nacional ordenó a los Mossos que identifiquen a los agentes que intervinieron en el dispositivo del 1-O. En concreto, reclamaba el número profesional de los agentes que se desplegaron, así como el detalle de sus actuaciones. Ese mismo día, la Jefatura de los Mossos d'Esquadra pidió a todos los participantes del dispositivo de seguridad durante el 1-O que elaboren "de forma urgente y a la mayor brevedad posible" un informe donde detallen escrupulosamente todas las acciones que realizaron ese día. En una circular interna, solicitaban a través de los jefes de turno que los agentes detallen todas sus actuaciones en el punto de votación en el que estuvieron destinados. Este informe breve, precisaban, no es para entregar directamente a la autoridad judicial, sino para confeccionar un informe general de todo lo sucedido.

LA APERTURA DE CURSO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE CATALUÑA

El Institut de Seguretat Pública de Cataluña (ISPC), donde están las escuelas de Mossos d'Esquadra y Bomberos de la Generalitat, han realizado este viernes el acto oficial de apertura del curso académico 2017-18 con ausencia de autoridades representantes de judicatura, Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército.

Finalmente ha excusado su presencia el conseller de Interior, Joaquim Forn, y ha presidido el acto el director de los Mossos, Pere Soler, y la directora del ISPC, Annabel Marcos, justo un día después de que la Fiscalía de Barcelona decidiera romper relaciones con el instituto y dejar de dar clases y participar en conferencias debido a la situación política y el papel de los Mossos en el 1-O.

Al acto no han acudido ni representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ni de la Fiscalía Superior o de Barcelona, y tampoco ningún representante de la Guardia Civil, de la Policía Nacional ni del Ejército.

Trapero ha sido ovacionado durante el acto por los asistentes, que le han aplaudido de pie unos minutos cuando la exdirectora del ISPC Núria Aymerich le ha dedicado una de las distinciones a él y a los Mossos "como signo de admiración por su voluntad de servicio, compromiso y lo que representan".

El Tribunal Superior de Justicia quita el mando de la vigilancia...

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha ordenado que la Policía Nacional se encargue desde este mismo lunes de dirigir la seguridad del edificio de su sede, en coordinación con los Mossos d'Esquadra, ante una eventual declaración de independencia.

Según ha informado el TSJC en un comunicado, así se lo ha ordenado este lunes Barrientos al jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, con lo que los Mossos dejarán de encargarse en exclusiva de la vigilancia del Palau de Justicia, donde se ubica este tribunal y que también alberga la Audiencia de Barcelona.

La decisión obedece "a la previsión de extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento" ante la posibilidad de que el Parlament declare la independencia y aplique la Ley de Transitoriedad Jurídica, según la cual se suprimiría el TSJC y la figura de su presidente, para convertirse en el Supremo catalán.

Ordena en concreto que la Policía Nacional despliegue dentro del Palau de Justicia, así como en su entorno y perímetro si fuera necesario, los efectivos imprescindibles para que, en colaboración con Mossos, "preserven la seguridad del edificio, el normal funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y el ordinario cumplimiento de sus deberes judiciales".

En el mandato al jefe de la Policía Nacional en Cataluña, recogida por Europa Press, Barrientos recuerda que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho pública su determinación de aplicar esta ley pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

"INEXCUSABLE CUMPLIMIENTO"

"Estas posiciones anunciadas vienen a perturbar invariablemente la integridad de este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de Cataluña y la independencia de todos los magistrados que lo integran, incluido su presidente, en la medida en que lleva a su disposición", incide Barrientos, que cree que la coordinación de ambos cuerpos policiales puede preservar de manera más eficaz la legalidad constitucional.

Barrientos ya ha comunicado al responsable de la unidad policial de los Mossos ubicada en el interior del Palau de Justicia "para su inexcusable cumplimiento, así como de sus mandos operativos", y también se lo ha hecho saber al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la magistrada que investiga la causa contra Puigdemont y el resto de consejeros por la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.

El presidente del TSJC entiende que la coordinación de ambos cuerpos policiales puede preservar de manera más eficaz la legalidad constitucional, según ha explicado en un comunicado este tribunal.

La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, en su artículo 66 prevé que el TSJC se convierta en el Tribunal Supremo de Cataluña, "órgano judicial superior en todos los órdenes, en el cual culmina la organización judicial de Cataluña".

Seis jueces investigan la actuación de los Mossos por no impedir...

Seis juzgados de Cataluña han abierto diligencias para investigar la actuación de los Mossos d'Esquadra por no haber impedido hoy la votación del referéndum de independencia, como ordenaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Según ha informado el TSJC en un comunicado, las diligencias las han abierto, en unos casos de oficio y en otros a raíz de denuncias de particulares, juzgados de Barcelona, El Vendrell (Tarragona), La Seu d'Urgell (Lleida), Lleida, Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Además, un juzgado de Barcelona ha abierto diligencias a raíz de una denuncia por lesiones presentada contra la policía, por heridas sufridas en la operación desplegada hoy para cerrar locales designados como puntos de votación del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el juzgado de instrucción número 3 de El Vendrell investiga la denuncia que un particular ha presentado contra la Generalitat por el uso de sus datos en la votación y otras dos por "votaciones ilegales".

LA FISCALÍA EVALUARÁ SI ACTÚA CONTRA LOS MOSSOS POR SU PASIVIDAD

La Fiscalía evaluará a lo largo del día si debe actuar contra los Mossos d'Esquadra por su forma de proceder ante el referéndum del 1-0, según fuentes del Ministerio Público.

"La actuación de los Mossos no se podrá valorar hasta que acabe el día", han señalado fuentes de la Fiscalía General del Estado ante las informaciones aparecidas en varios medios, que afirma que la Fiscalía actuará contra los Mossos por su pasividad para evitar el referéndum.

Otras fuentes consultadas por Efe han asegurado que de momento no hay nada decidido y respecto a qué Fiscalía corresponderían esas actuaciones han señalado que todo dependerá de cómo se califiquen los hechos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó concretamente a los Mossos d'Esquadra el cierre de los colegios para evitar la celebración del referéndum ilegal, por lo que la juez que dirige el procedimiento contra el 1-O podría también actuar de oficio si considera que la policía autónoma le ha desobedecido sin necesidad de que le inste a ello la Fiscalía.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO DICE QUE GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL ACTUARON PORQUE LOS MOSSOS "NO HABIAN CUMPLIDO"

La Delegación del Gobierno, ha reivindicado que la policía está actuando con "responsabilidad, profesionalidad y proporcionalidad", y que está cumpliendo órdenes judiciales para frenar el 1-O. Ha dicho que las cargas policiales han sido aisladas y que, si se han producido, ha sido para proteger la "integridad física" de los agentes: en estos casos también se ha actuado con proporcionalidad, ha añadido.

Millo ha explicado que la policía ha decidido intervenir al ver que los Mossos "no habían cumplido" la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de cerrar los colegios electorales: según él, la policía catalana había defendido estos días que podía encargarse de este asunto sin necesidad de refuerzos. "Ha quedado claro que no era cierto que no necesitaran ayuda" y que era necesaria la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ha destacado en alusión a los Mossos.

Una vez ya se había iniciado la intervención policial, y en el marco de las reuniones de coordinación entre cuerpos que se están celebrando en la Delegación, Millo ha dicho que los Mossos han pedido "ayuda" para desalojar 233 centros electorales. Concretamente, el comisario superior de Coordinación Territorial, Ferran López, ha enviado un correo electrónico a lo largo de esta mañana pidiendo "colaboración y ayuda" a la Policía Nacional y la Guardia Civil, y ha adjuntado una lista de 233 puntos de votación.

A juicio de Millo, esto demuestra "el acierto" que ha tenido el Gobierno central de enviar refuerzos policiales a Catalunya, y que los Mossos están actuando con un responsabilidad que les honra al pedir ayuda.

Por contra, el portavoz del Govern, Jordi Turull, ha negado que los Mossos d'Esquadra hayan pedido la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para actuar contra el referéndum de independencia de este 1 de octubre, como habían dicho el ministro del Interior y el delegado del Gobierno. "No ha habido ningún tipo de petición de los Mossos para actuar, y evidentemente tampoco para actuar de la manera" en que se ha hecho, ha explicado en rueda de prensa, tras mostrarse muy crítico con la actuación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

Turull también ha acusado al Estado de "incumplir el acuerdo de la Junta de Seguridad" de Cataluña que se celebró el viernes ya que, según Turull, allí Generalitat y Estado pactaron que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado solo actuarían a petición de la policía catalana, y no ha sido así.

LOS SINDICATOS POLICIALES DENUNCIAN EL ESCANDALOSO COMPORTAMIENTO DE LOS MOSSOS Y EMPRENDERÁN ACCIONES CONTRA TRAPERO

Los cinco principales sindicatos de la Policía han emitido este domingo un comunicado conjunto para denunciar el "escandaloso" comportamiento de los Mossos y anunciar que emprenderán acciones legales "para exigir la asunción de responsabilidades penales" de su máximo responsable, José Luis Trapero, y de los agentes que hayan "dificultado" el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, "actuando con clarísima falta de apego a las órdenes judiciales".

"El dispositivo diseñado por la Jefatura de ese Cuerpo ha sido insuficiente, deliberadamente endeble, bochornosamente equidistante. Las órdenes emitidas han sido impropias de un Cuerpo de seguridad. La política ha calado en la estructura de mando de los Mossos hasta contaminar su actuación en un día como hoy", denuncian estos sindicatos.

A su juicio, los Mossos "no sólo han evitado cumplir lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sino que han actuado con vergonzosa ligereza, cuando no obstruccionismo, e incluso manipulando datos sobre centros de votación". "Lo ocurrido hoy ha sido escandaloso", sentencian.

Por ello, las organizaciones sindicales firmantes se suman a las actuaciones que la Fiscalía Superior de Cataluña vaya a emprender contra los Mossos y su máximo responsable, y además, ejercerán acciones legales para exigir la asunción de responsabilidades penales.

Ante esta situación, las organizaciones policiales firmantes aseguran que "la legalidad constitucional se ha preservado en Cataluña gracias a la impecable intervención de la Policía Nacional", que han intervenido "en auxilio de la autoridad judicial", para incautarse de los elementos empleados "en un amago de referéndum que, además de ilegal, ha sido utilizado por el nacionalismo catalán para tensar a la sociedad y engañarla".

"El trabajo de las Unidades de Intervención Policial (UIP), Unidades de Prevención y Reacción (UPR), Brigadas de Información y Policía Judicial y Servicio de Medios Aéreos, entre otros, se ha desarrollado con estricto apego a las disposiciones del TSJ de Cataluña, como criterio superior, y a los principios básicos de actuación, especialmente al de proporcionalidad", celebran. Por ello, los sindicatos ofrecen su "apoyo, respaldo, reconocimiento y cerrada defensa" a los agentes desplegados en Cataluña, y "especialmente" a los al menos 9 que han resultado heridos a lo largo de la mañana del domingo.

Puigdemont difunde un nuevo enlace para consultar dónde se puede votar...

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha difundido este sábado un nuevo enlace de internet para consultar dónde puede votar cada catalán en el referéndum del 1 de octubre.

"No se pueden poner puertas al campo: en esta web encontrarás el lugar en el que te corresponde votar el 1 de octubre:

https://gateway.ipfs.io/ipns/QmZxWEBJBVkGDGaKdYPQUXX4KC5TCWbvuR4iYZrTM L8XCR/#1Oct", ha escrito en un mensaje en Twitter, que ha sido rápidamente compartido por usuarios en redes.

Lo ha hecho después que el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) ha instado este viernes a la Guardia Civil a deshabilitar el acceso a la página web onvotar.garantiespelreferendum.com, que aún sigue activa.

La magistrada afirma que la página web "sigue contraviniendo los pronunciamientos" judiciales anteriores similares a esta resolución en el sentido de no organizar el referéndum del 1-O.

Esta página "no solamente no acata las suspensiones provisionales de los Decretos 139 y 140/2017 y el de la Ley 19/2017, sino que facilita información" que permite hacer el 1-O.

"Se hace, pues, necesario el bloqueo de la tan repetida página web", concluye la jueza en alusión a que la web oficial del referéndum fue replicada una vez prohibida la original.

El alcalde de Mollerussa (Lleida) se niega a declarar por su...

El alcalde de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona, se negó este martes a declarar ante la Fiscalía Superior de Cataluña por anunciar que dará apoyo al referéndum de independencia convocado por la Generalitat para el 1 de octubre y anulado por el Tribunal Constitucional el pasado 7 de septiembre.

Así lo explicó Solsona, en declaraciones a los periodistas a su salida de la Fiscalía, a la que acusó de "extralimitarse de sus competencias" al citarle y ser un órgano "politizado".

Solsona es uno de los más de 700 primeros ediles que ya han expresado su intención de ceder locales municipales para la celebración de la consulta, una actuación expresamente prohibida por el alto tribunal. Si desoyen esta orden del Constitucional podrían incurrir en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Sólo este último delito está castigado con penas de cárcel de hasta ocho años.

Solsona explicó que estuvo en la Fiscalía durante media hora y que intentó sin éxito explicar los motivos por los que se negaba a declarar, al tiempo que dejó claro que "votar no es delito, no está tipificado en ningún sitio que participar en un referéndum sea ilegal".

Dijo "no tener miedo" a las consecuencias legales que se deriven de su apoyo al referéndum y aseveró que al igual que se pide derecho a la ley, la justicia y las instituciones, también exigió que se respete su derecho a no declarar ante la Fiscalía. De hecho, retó a que se abra "una causa" a los alcaldes que apoyan el referéndum si se considera que han incurrido en un delito.

Preguntado por si temía ser encarcelado por su apoyo a la consulta, afirmó que "sólo soy alcalde y tengo un compromiso: que la gente pueda votar". "Las consecuencias que haya, las habrá", remachó.

ARROPADO POR FORCADELL Y MEDIO CENTENAR DE VECINOS

El alcalde de Mollerussa (Lérida) y diputado en el Parlamento catalán, Marc Solsona, comparecía ante la Fiscalía del TSJC en su condición de aforado, estuvo arropado por medio centenar de sus convecinos, por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y por varios diputados del PDeCAT que le esperaban a la puerta de la sede judicial coreando "queremos votar".

También estaba citado este martes el alcalde de Oliana (Lérida), Miquel Sala, que ha sido uno de los primeros en acudir a los juzgados de la Seu d Urgell y también se ha negado a prestar declaración.

En esa misma sede judicial han comparecido el alcalde de La Seu d Urgell, Albert Batalla, y los presidentes de los consejos comarcales del Alt Urgell y el Alta Ribagor a, siguiendo la misma pauta de guardar silencio. También se ha mantenido en silencio el edil del Pont de Suert, José Antonio Troguet.

El miércoles también declararán ante la Fiscalía Superior de Cataluña como aforados que son, el alcalde de Valls (Tarragona), Albert Batet, y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, a la que el TSJC investiga también por promover el 1-O desde la presidencia de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

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